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El reciente anuncio de Donald Trump, en el que se compromete a destinar 3 mil millones de dólares y tres mil técnicos especializados para ejecutar un plan de reconstrucción nacional, trasciende por completo la simple edificación de infraestructura o la reestructuración financiera. Este despliegue de recursos humanos y de capital debe interpretarse, en su dimensión más profunda y humana, como una refundación del tejido social que comienza por el rescate de la familia. Levantar un país en ruinas implica, necesariamente, asegurar la salud y la estabilidad del hogar, metas que resultan inalcanzables bajo un sistema monetario hostil que pulveriza el esfuerzo diario. Por lo tanto, el éxito definitivo de esta iniciativa no se medirá en el cemento vertido, sino en la edificación de un piso institucional y económico que no tiemble ante los embates de la inflación, garantizando a cada ciudadano una moneda sólida que actúe como un escudo protector capaz de asegurar, como mínimo absoluto, el acceso permanente a la cesta básica de alimentos y medicinas.
La Economía, antes de ser una ciencia de números y balances, es un terreno donde se libra una batalla profundamente humana y existencial. Cuando un sistema monetario destruye el valor del esfuerzo de los hombres y mujeres a través de la devaluación crónica, deja de ser una herramienta de intercambio para convertirse en un dispositivo metafísico de despojo, un engranaje silencioso que vacía los hogares mientras concentra los privilegios en unas pocas manos. Por lo tanto, el tránsito hacia la dolarización formal no responde únicamente a una urgencia técnica o financiera, sino a un imperativo moral impostergable que exige detener la hemorragia de la base social del país. Comprender la anatomía de la extracción es desnudar los mecanismos éticamente intolerables que hunden a las mayorías en la incertidumbre, para entonces proponer la única alternativa justa: edificar una estructura monetaria con un piso social innegociable, donde la estabilidad no sea el lujo de una minoría, sino el cimiento firme y ético sobre el cual cada ser humano pueda proyectar su dignidad, su salud y su futuro sin el temor constante de ver desvanecer el pan de su mesa.
La Economía, cuando se divorcia de la ética, se convierte en una simple tecnología de la expoliación. La devaluación en Venezuela no es una hipótesis; es una realidad estructural y destructiva que acumula décadas pulverizando el signo monetario nacional y confiscando el ingreso de los ciudadanos a través de sucesivas reconversiones que solo borran ceros de los balances.
Para medir con precisión científica el impacto de este engranaje, hemos elegido un período de cinco meses de estadísticas reales de devaluación entre marzo y julio de este año, capturando el capítulo más reciente de un proceso histórico de transferencia de riqueza desde los bolsillos de los más vulnerables hacia las arcas de una élite minoritaria. Sobre esta data, y utilizando una escala base indexada para aislar de forma limpia el comportamiento de las brechas reales sin distorsiones nominales, asignamos montos mínimos de operación a dos actores clave: en primer lugar, a un funcionario público con acceso a divisas oficiales a quien se le computó una disponibilidad de apenas 50 dólares quincenales; y en segundo lugar, a un comerciante de calle que inyecta un flujo de 50 dólares diarios.
El objetivo de utilizar estas cifras de partida tan bajas es probar matemáticamente cómo la estructura de incentivos perversos sigue intacta, ofreciendo márgenes de ganancia extraordinarios a expensas del trabajo común, algo que sería imposible de obtener en un mercado transparente y formalmente dolarizado.
La evidencia reunida en este lapso revela una tasa de ganancia extraordinaria en el arbitraje puro, aquel donde el dinero no produce bienes sino solo más dinero.
Aprovechando la brecha real del 13,56% entre la tasa oficial del Banco Central de Venezuela y el mercado digital, el operador financiero con posición de privilegio transforma sus 600 dólares de inversión total acumulada en un patrimonio de 871,89 dólares. Esto representa un rendimiento neto del 45,31%, equivalente a una ganancia de 271,89 dólares capture-driven en apenas cinco meses de estadísticas evaluadas.
¿Qué ocurre cuando trasladamos este análisis al comercio de bienes, manteniendo la misma inyección pero de forma diaria durante 153 días? Un comerciante que rota inventario físico bajo esta misma devaluación alta y utiliza el bolívar en efectivo para presionar a proveedores asfixiados, logra acumular una ganancia neta real de 1.912,50 dólares sobre un capital total inyectado de 7.650 dólares. Si evaluamos al comerciante que opera en el andén del metro, cazando dólares en efectivo un 5,97% más baratos que en las pantallas digitales porque atiende a peatones urgidos de bolívares para el transporte, su ganancia neta se ubica en 1.757,20 dólares tras descontar una prima de riesgo del 3% por pérdidas o billetes falsos.
Para comprender de forma nítida cómo impactan estos dos modelos monetarios a los distintos estratos de la sociedad, resulta indispensable analizar el comportamiento de cada actor económico bajo ambos entornos.
El funcionario público con privilegios se posiciona como el ganador absoluto bajo el entorno de devaluación, ya que arbitra divisas a tasa oficial, se beneficia de la brecha cambiaria y licúa el gasto del Estado pagando salarios devaluados en bolívares. Sin embargo, este mismo actor se convierte en el perdedor absoluto al implementarse la dolarización total, pues pierde por completo el control de la emisión monetaria, ve extinguirse el negocio de las tasas preferenciales y se encuentra obligado a rendir cuentas en moneda dura.
Por su parte, el comerciante del metro o de la calle opera como un ganador operativo en un sistema de devaluación alta, logrando capturar márgenes adicionales al comprar dólares baratos en el andén a peatones urgidos de efectivo, aunque para ello deba asumir altos riesgos de seguridad, pérdidas operativas y billetes falsos. Bajo una dolarización total, este comerciante se transforma en un ganador por eficiencia, ya que, si bien pierde el arbitraje cambiario de calle, su operación se vuelve limpia, transparente y segura, permitiéndole enfocarse exclusivamente en el volumen de ventas sin las fricciones que generan las múltiples tasas.
Finalmente, la mayoría que no alcanza la cesta básica representa la categoría del perdedor absoluto dentro del entorno de devaluación, sufriendo la pulverización diaria de sus ingresos en bolívares frente a precios indexados al paralelo y quedando totalmente excluida de cualquier capacidad de ahorro. Este sector se convierte en el gran ganador social con la llegada de la dolarización total, obteniendo previsibilidad y un blindaje definitivo debido a que su dinero mantiene el valor en el bolsillo de un día para otro, erradicando la devaluación y permitiendo planificar el sustento familiar con base en el piso de la cesta básica.
La devaluación funciona como un impuesto invisible y cruel: pulveriza el poder de compra del ciudadano común en cuestión de horas mientras premia al funcionario público que controla la asignación de divisas oficiales. Para la élite política, mantener el bolívar y su consiguiente devaluación es el negocio más lucrativo del país, pues les permite licuar las obligaciones del Estado pagando sueldos de miseria mientras sus patrimios reales se expanden en moneda dura. Al observar el escenario de dolarización total, vemos que el comerciante del metro gana prácticamente lo mismo pero de forma limpia y segura. El mercado se vuelve transparente y el esfuerzo se enfoca en vender más volumen de mercancía en lugar de perder el tiempo y arriesgar la seguridad cazando ofertas cambiarias en el andén.
Es por ello que la ética económica exige un cambio de paradigma radical. Quienes compartimos la visión de una economía al servicio del ser humano entendemos que la dolarización total ya no es un debate académico, sino una urgencia humanitaria. Al contrario de lo que sostienen los beneficiarios del caos, la eliminación definitiva del bolívar favorece de forma inmediata a los más necesitados. Al unificarse la economía bajo una sola moneda de curso internacional, se destruye instantáneamente el negocio de las múltiples tasas de cambio y el arbitraje discrecional. El dinero ya no pierde valor en el bolsillo de un día para otro, deteniendo la pulverización del salario y permitiendo el ahorro familiar a pequeña escala.
Mis colegas economistas, aquellos que actúan guiados por la luz de la evidencia y los más estrictos principios éticos, coincidimos unánimemente en este diagnóstico. Todos queremos el fin de este sistema extractivo. Por ello, la comunidad académica y técnica favorece de manera decidida la adopción de la dolarización formal, pero con una condición innegociable: esta transición debe ejecutarse a partir de un piso de la cesta básica que garantice que ningún salario legal en el país se ubique por debajo del costo real de los alimentos.
Dolarizar sin un piso social sería incompleto; mantener el bolívar para salvar los privilegios de una minoría es, sencillamente, un crimen económico contra las mayorías.
A aquellos colegas que todavía se escudan en tecnicismos legales, soberanías abstractas o supuestas barreras extraeconómicas para sostener que no se puede dolarizar, hay que hablarles con absoluta franqueza: en la Venezuela real, nadie se chupa el dedo. Detrás de cada excusa burocrática o dogmática para prolongar la agonía del bolívar, lo que verdaderamente se defiende —por acción u omisión— es la permanencia de los incentivos perversos y los nichos de opacidad que enriquecen a unos pocos a costa del hambre de la mayoría. Apelar a imposibilidades teóricas mientras el ciudadano de a pie sufre una confiscación histórica de sus ingresos ya no es un debate académico aceptable; es una complicidad técnica que divorcia a la ciencia económica de su fin más elemental, que es el bienestar humano. La evidencia está sobre la mesa, la dolarización de facto ya ocurrió en la calle, y obstaculizar su formalización institucional con pretextos de forma es ignorar deliberadamente el clamor y la urgencia de los sectores más vulnerables.
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