El fin de la ilusión monetaria: Por qué dolarizar salarios y pensiones es la ruta hacia la estabilidad
La economía venezolana se encuentra en un punto de inflexión donde las viejas recetas de controles y emisiones ya no solo son inútiles, sino destructivas. Durante años, se ha sostenido el mito de que el Estado debe retener las divisas, transformarlas en bolívares y luego inyectar esa liquidez a la calle para cumplir con sus compromisos laborales. Sin embargo, los datos demuestran que este ciclo es la fuente primaria de la inflación que devora el bolsillo del ciudadano. Es hora de entender que la dolarización de las nóminas del sector público y de las pensiones no es un lujo, sino un imperativo técnico para detener la devaluación y reactivar el aparato productivo.
La trampa del Banco Central y el mito de la falta de recursos
El argumento de que "no hay divisas" para pagar salarios dignos se desmorona ante la realidad de los flujos de caja actuales. Con una producción petrolera que ha logrado estabilizarse por encima de los 1.1 millones de barriles diarios y una recaudación tributaria que, al cierre de 2024, superó los 459 millardos de bolívares (una cifra que, indexada, representa miles de millones de dólares reales), el problema no es la carencia de fondos, sino su gestión.
Hoy, el Estado capta dólares genuinos por exportaciones y minería. En lugar de transferir ese valor directamente al trabajador, lo entrega al Banco Central de Venezuela (BCV). El BCV, a su vez, "represa" esos dólares para intentar quemarlos en intervenciones cambiarias fallidas y, para pagar los salarios, emite bolívares sin respaldo.
Este mecanismo genera un multiplicador inflacionario: cada bolívar emitido para pagar una pensión pierde valor antes de llegar a la caja del supermercado. Al contrario, si el Estado pagara directamente con las divisas que ya recibe, la base monetaria en bolívares no crecería. Se eliminaría de raíz la presión devaluacionista, pues el dinero circulante sería una moneda de reserva con valor internacional, no un papel sujeto a la arbitrariedad de la imprenta central.
Dinamización sin el lastre de la fijación privada
Un error común en el debate público es intentar forzar una ley de salario mínimo dolarizado que abarque por igual al sector público y al privado. Esta es la receta perfecta para el estancamiento. El sector privado ya opera, en gran medida, bajo sus propios incentivos de mercado y capacidades de productividad; imponerle una camisa de fuerza salarial solo generaría desempleo o informalidad, dados los complejos intereses de las cámaras empresariales.
La solución definitiva es que el Estado dé el primer paso. Al dolarizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios, se inyecta un poder de compra real y estable en la base de la pirámide social. Este flujo de dólares constantes en manos de millones de familias generará una demanda agregada robusta. El comercio y la industria verán un consumo predecible, lo que les permitirá planificar inversiones sin el terror de que una devaluación nocturna pulverice su capital de trabajo.
La dolarización como cortafuegos institucional
Recibir dólares y entregar bolívares es, en la práctica, un impuesto invisible que confisca la riqueza de los más vulnerables. La dolarización del gasto público actúa como un cortafuegos: le quita al Estado la facultad de licuar sus deudas a costa del hambre del pensionado.
Al establecer que la obligación laboral es en divisas, se obliga a la disciplina fiscal. El gobierno debe gastar lo que ingresa, y lo que ingresa hoy es suficiente para dignificar la vida de quienes dedicaron sus años al servicio del país. No se trata de una medida política, sino de una garantía económica de frenar la inflación, simplificar la contabilidad nacional y, finalmente, permitir que el venezolano vuelva a ahorrar. El camino está despejado; solo falta la voluntad de soltar las amarras de un bolívar que ya no cumple ninguna función social.
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